Utilidad de la jeringa 10 ml precargada de solución salina (ClNa 0. 9%) para la inyección de medios de contraste en tomografía computarizada o resonancia magnética en pacientes con cáncer de mama, cuello uterino y estómago / Utilidad de la jeringa 10 ml precargada de solución salina (ClNa 0. 9%) para la inyección de medios de contraste en tomografía computarizada o resonancia magnética en pacientes con cáncer de mama, cuello uterino y estómago

ANTECEDENTES: En cumplimiento del inciso e, sobre nuestras funciones como UFETS, que dice: "Desarrollar evaluaciones de tecnologías sanitarias, incluyendo medicamentos, dispositivos y equipos médicos, procedimientos médicos o quirúrgicos y sistemas de organización, en forma sistémica y objetiva aplicadas a la salud, basándose en la mejor evidencia científica disponible", realizamos esta revisión rápida sobre la utilidad de la jeringa 10 ml precargada de solución salina (ClNa 0.9%) para la inyección de medios de contraste en tomografía computarizada o resonancia magnética. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Pregunta Clínica: En pacientes con cáncer de mama, cuello uterino y estómago que requieren inyección de medios de contraste ¿Cuál es la utilidad de la jeringa 10ml precarga de solución salina (NaCl 0.9%) en la realización de una tomografía computarizada o resonancia magnética con contraste? Recolecciòn de los Manuscritos a Revisar: Tipos de estudios: La estrategia de búsqueda sistemática de información científica para el desarrollo del presente informe se realizó siguiendo las recomendaciones de la Pirámide jerárquica de la evidencia propuesta por Haynes y se consideró los siguientes estudios: Sumarios y guías de práctica clínica. Revisiones sistemáticas y/o meta-análisis. Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) Estudios Observacionales (cohortes, caso y control, descriptivos) No hubo limitaciones acerca de la fecha de publicación o el idioma para ningún estudio. Fuentes de información: De acceso libre o Bases de datos: Pubmed y Cochrane Fecha de búsqueda: Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Términos de Búsqueda Considerando la pregunta PICO se construyó una estrategia de búsqueda. Sin restricciones en el idioma y año. DISCUSIÓN: Durante la sesión de panel se discutió los artículos encontrados, así como las búsquedas realizadas en las principales agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y las guías que reportan información al respecto de jeringas precargadas 10 ml NaCl 0.9%. Con respecto a los estudios encontrados se ha evidenciado que el uso de jeringas precargadas NaCl 0.9% en los 03 estudios ha sido favorable en reducción de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter, disminución en el riesgo de reemplazo del catéter venoso periférico, disminución del riesgo para pacientes y mejoras en la seguridad de los trabajadores de salud y también podría llevar a una reducción en costos asociados. El primer estudio si bien fue realizado en pacientes oncológicos, se realizó en ambientes de quimioterapia y el segundo estudio fue un estudio cuasi experimental que abarco pacientes que acudieron o estaban en diferentes áreas hospitalarias y en el caso del tercer estudio no se logró tener acceso al manuscrito en versión extensa debido a que fue publicado hace menos de un mes y el acceso era limitado. Por ello, se ha planteado que la evidencia obtenida con respecto al uso de jeringas precargadas es indirecta por lo cual es difícil establecer una conclusión con respecto a su uso en un área específica como previo a la realización de tomografía con contraste o una resonancia magnética. CONCLUSIONES: En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas se realizan anualmente aproximadamente 45000 exámenes radiológicos de tipo TC ó RM que requieren el uso de contraste en pacientes con cáncer de mama, estómago o cuello uterino en donde se utilizaría jeringas 10 mL precargadas con solución salina 0.9%. Se realizó una búsqueda sistemática y una búsqueda dirigida de la evidencia para evaluar la utilidad de la jeringa precargada 10 mL con solución salina 0.9% y no se encontró evidencia directa de su uso en la población específica; sin embargo, se han reportado algunos artículos científicos que encuentran evidencia favorable de su uso comparado con la jeringa cargada manualmente. Se encontraron 03 artículos que comparando la tecnología sanitaria "Jeringa 10 mL precargada con NaCl 0.9%" con la jeringa de carga manual, las jeringas precargadas presentan: un menor porcentaje de remoción de jeringa por complicaciones, reducción de la tasa de infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter y reducción de la tasa de fallo de colocación del catéter venoso. Adicionalmente, según informes de contraloría y en base análisis internos de la institución se ha priorizado un presupuesto para la atención del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento que en base al riesgo identificado "contaminación por uso de jeringas cargadas manualmente" se establezca la medida de control "utilizar jeringa precargada previo al examen". Con respecto a la adquisición, está disponible en Latinoamérica y es de fácil adquisición a solicitud. Finalmente, en base a la evidencia encontrada y los documentos revisados a nivel institucional el panel establece la necesidad de que el área de costos realice un análisis de impacto presupuestario que nos permita conocer si la inclusión de la tecnología sanitaria "Jeringa 10 mL precargada con NaCl 0.9%" implicaría una reducción de costos en el área específica en la cual se va a implementar.

'It's just basically a box full of disease'-navigating sterile syringe scarcity in a rural New England state.

BACKGROUND AND AIMS: Injection drug use has increased in non-urban communities in the United States where sterile syringe access is limited. This study aimed to characterize how people who inject drugs in a predominantly rural state navigate syringe scarcity. DESIGN: Qualitative study. SETTING: New Hampshire (NH), USA. At the time of our study, syringe services programs were illegal in NH but pharmacies could sell ≤ 10 syringes without prescription. PARTICIPANTS/CASES: Twenty people aged ≥ 18 years who injected at least once in the past 30 days were recruited through provider referral, street-based recruitment and snowball sampling. MEASUREMENTS: Semi-structured interview guide. Verbatim transcripts were coded based on interview guide constructs and emergent themes. Analysis focused on pharmacy syringe access, unofficial syringe sources and related impacts on syringe sharing and reuse FINDINGS: Participants could identify no local pharmacies that sold syringes without prescription. Pharmacy purchase in neighboring counties, or across state lines, required private transportation and this, along with purchaser identification requirements, presented substantial access barriers. Interstate travel also exposed participants to vigilant policing of interstate highways and potential criminal justice involvement. Many participants thus resorted to informal syringe sources closer to home including purchasing syringes on the street, using discarded syringes, breaking into biohazard containers and constructing improvised syringes out of salvaged syringe parts, metals and plastics. Repeated re-use of syringes until they were no longer operational was common. Overall, syringe scarcity gave participants few options but to engage in syringe sharing and re-use, putting them at risk of serious injection-related infections. CONCLUSIONS: Limited sterile syringe access contributes to an environment in which people who inject drugs report that they are less able to refrain from risky injection practices.

Syringe access and health harms: Characterizing "landscapes of antagonism" in California's Central Valley.

BACKGROUND: Sterile syringe access reduces injection-related health harms, yet access in the U.S. remains grossly inadequate. In California, syringe services programs (SSPs) are authorized mainly at the local level, and many communities remain underserved. State law also allows, but does not require, non-prescription syringe sales at pharmacies, but participation is low. We draw on the theoretical concept of "landscapes of antagonism" to examine how discordance between state and local decision-making contributes to uneven syringe access and health harms in California's Central Valley, where injection rates are high. METHODS: Our study took place in Fresno and Kern counties. We draw on participant observation and qualitative interviews with individuals who inject drugs and key informants to examine issues around syringe access. RESULTS: Overall, 8 key informants represented harm reduction, medical, and faith-based organizations. Among 46 people who inject drugs, mean age was 39 (range: 20-65), 37% were female, and 37% self-identified as Latino. About half of individuals at each site had ever successfully purchased from pharmacies, but limited locations and perceived judgement from pharmacy staff posed common barriers. There was no SSP in Kern County due to political opposition; Fresno's SSP has been run by volunteers for more than 20 years despite opposition, and recently gained authorization. Reflecting this disparity, all but two individuals in Fresno accessed syringes from the SSP, whereas only one person in Kern had ever been to an SSP. To fill gaps in access in both sites, individuals obtained syringes that were often already used from diabetics, friends, and people on the street, sharing and reusing syringes at dangerously high rates. CONCLUSION: Landscapes of antagonism create syringe access inequities that threaten to exacerbate disease transmission and other health harms. Our study raises questions about accountability for the health of people who use drugs and suggests a need for political action.

I could take the judgment if you could just provide the service: non-prescription syringe purchase experience at Arizona pharmacies, 2018.

BACKGROUND: Community pharmacies are important for health access by rural populations and those who do not have optimum access to the health system, because they provide myriad health services and are found in most communities. This includes the sale of non-prescription syringes, a practice that is legal in the USA in all but two states. However, people who inject drugs (PWID) face significant barriers accessing sterile syringes, particularly in states without laws allowing syringe services programming. To our knowledge, no recent studies of pharmacy-based syringe purchase experience have been conducted in communities that are both rural and urban, and none in the Southwestern US. This study seeks to understand the experience of retail pharmacy syringe purchase in Arizona by PWID. METHODS: An interview study was conducted between August and December 2018 with 37 people living in 3 rural and 2 urban Arizona counties who identified as current or former users of injection drugs. Coding was both a priori and emergent, focusing on syringe access through pharmacies, pharmacy experiences generally, experiences of stigma, and recommendations for harm reduction services delivered by pharmacies. RESULTS: All participants reported being refused syringe purchase at pharmacies. Six themes emerged about syringe purchase: (1) experience of stigma and judgment by pharmacy staff, (2) feelings of internalized stigma, (3) inconsistent sales outcomes at the same pharmacy or pharmacy chain, (4) pharmacies as last resort for syringes, (5) fear of arrest for syringe possession, and (6) health risks resulting from syringe refusal. CONCLUSIONS: Non-prescription syringe sales in community pharmacies are a missed opportunity to improve the health of PWID by reducing syringe sharing and reuse. Yet, current pharmacy syringe sales refusal and stigmatization by staff suggest that pharmacy-level interventions will be necessary to impact pharmacy practice. Lack of access to sterile syringes reinforces health risk behaviors among PWID. Retail syringe sales at pharmacies remain an important, yet barrier-laden, element of a comprehensive public health response to reduce HIV and hepatitis C among PWID. Future studies should test multilevel evidence-based interventions to decrease staff discrimination and stigma and increase syringe sales.

Pharmacists are missing an opportunity to save lives and advance the profession by embracing opioid harm reduction.

More than 70,000 Americans died as a result of a drug overdose in 2017, and a substantial majority of those deaths involved an opioid. Supply-reduction interventions, such as prescription monitoring programs, tamper-resistant formulations, and prescribing limits have failed to reverse rising rates of opioid-related morbidity and mortality. Instead, they may be contributing to this trend by forcing people with opioid use disorder to an increasingly potent illicit market with scant resources for sterile injection. Pharmacists are recognized by governmental authorities, public health experts, and other health professionals as key partners in opioid harm reduction. This is reflected by the proliferation of state laws supporting pharmacy-based access to naloxone, an opioid antagonist that can rapidly reverse the effects of an opioid overdose. Expanded authority to distribute naloxone without an outside prescription, coupled with the provision of sterile syringes and evidence-based medications for opioid use disorder, represents a powerful opportunity for pharmacists to save lives while advancing the role of the profession. However, numerous studies have documented a lack of readiness among pharmacists to dispense naloxone and little willingness to provide sterile syringes. As a profession, it is imperative that we ensure all pharmacists receive adequate education regarding opioid harm reduction interventions and ongoing support to implement these interventions within their practices.

Pharmacists' attitudes and practices about selling syringes to people who inject drugs in Tajikistan: Results of a syringe purchase audit and a survey.

BACKGROUND: In Tajikistan, governmental policies leave the decision whether or not to sell syringes to people who inject drugs (PWID) to pharmacists' discretion. This exploratory study tests a theory-driven model explaining Tajikistani pharmacists' actual syringe sale practices to inform future HIV advocacy activities. METHODS: Data were collected via attempts to purchase syringes without prescription and a subsequent survey among a sample of 232 pharmacists in two cities (Dushanbe and Kulob) in Tajikistan in 2015. The survey collected data on attitudes and beliefs related to selling syringes to PWID, stigma against PWID and background contextual factors such as social conservatism, HIV and drug use knowledge. Structural equation modelling was used to assess the relationships between syringe sale practice and pharmacists' attitudinal and background factors. RESULTS: The majority (87.9%, n = 204) of sampled pharmacists agreed to sell syringes to the study research assistants without a prescription. According to the final model, agreeing to sell syringes was moderately associated with the reported intent to provide syringes without prescription (ß = 0.36, p < 0.001), lower stigma against PWID (ß=-0.43, p = 0.01), and stronger social conservatism (ß = 0.35, p = 0.02). Intent to provide syringes correlated with positive attitudes towards provision of syringes (ß = 0.35, p = 0.008), which in turn were negatively associated with stigma (ß=-0.54, p < 0.001) and positively with age (ß = 0.20, p = 0.03). Stigma against PWID was directly associated with social conservatism (ß = 0.47, p < 0.001) and inversely with university-level education (ß=-0.28, p < 0.001). CONCLUSION: We demonstrated the accessibility of over-the-counter syringes in urban pharmacies of Tajikistan and emphasized the role of stigma in shaping pharmacists' syringe sale practices. Advocacy interventions should target pharmacists to reduce stigmatization of PWID and ensure access to clean syringes.

Syringe services programs: An examination of legal, policy, and funding barriers in the midst of the evolving opioid crisis in the U.S.

BACKGROUND: Syringe Services Programs (SSPs) have been proposed as a key intervention to address increasing rates of opioid injection, overdose, and infectious disease transmission in the U.S. In recent years, multiple states and jurisdictions have enacted laws and policies to enable implementation of SSPs. These statutory and regulatory changes have resulted in the expansion of SSPs in a short period of time under a patchwork of different regulations and policies. Understanding how SSPs are responding to this evolving policy environment in the midst of a worsening opioid crisis can inform the development of strategies to maximize the role SSPs play in the response to the opioid crisis. METHODS: In-depth, semi-structured and audio-recorded interviews were conducted with 25 individuals running 23 SSPs in the U.S. A thematic content analysis was employed to identify and group themes across the domains of interest based on inductive and deductive coding of verbatim interview transcripts. RESULTS: Despite progress in expanding the number of SSPs in recent years, programs described encountering legal, policy, funding, and community barriers that are limiting the scope, scale, and reach of SSPs. To address these barriers, programs are employing multiple strategies to educate about and advocate for SSPs, engage policymakers and communities, combat pervasive stigma, strengthen funding, and reach at-risk populations. CONCLUSION: This qualitative study of a geographically diverse sample of SSPs provides key insights into the legal and policy barriers, funding challenges, and contextual factors impacting SSPs and the strategies programs are pursuing to counter these barriers. Coupling these strategies with policy changes that address the underlying legal and financial barriers and advancing efforts to combat stigma around drug use and addiction stand to substantially expand the role of SSPs as part of the public health response to the opioid crisis in the U.S.

Evaluating the impact of global fund withdrawal on needle and syringe provision, cost and use among people who inject drugs in Tijuana, Mexico: a costing analysis.

OBJECTIVE: From 2011 to 2013, the Global Fund (GF) supported needle and syringe programmes in Mexico to prevent transmission of HIV among people who inject drugs. It remains unclear how GF withdrawal affected the costs, quality and coverage of needle and syringe programme provision. DESIGN: Costing study and longitudinal cohort study. SETTING: Tijuana, Mexico. PARTICIPANTS: Personnel from a local needle and syringe programme (n=6) and people who inject drugs (n=734) participating in a longitudinal study. PRIMARY OUTCOME MEASURES: Provision of needle and syringe programme services and cost (per contact and per syringe distributed, in 2017 $USD) during GF support (2012) and after withdrawal (2015/16). An additional outcome included needle and syringe programme utilisation from a concurrent cohort of people who inject drugs during and after GF withdrawal. RESULTS: During the GF period, the needle and syringe programme distributed 55 920 syringes to 932 contacts (60 syringes/contact) across 14 geographical locations. After GF withdrew, the needle and syringe programme distributed 10 700 syringes to 2140 contacts (five syringes/contact) across three geographical locations. During the GF period, the cost per harm reduction contact was approximately 10-fold higher compared with after GF ($44.72 vs $3.81); however, the cost per syringe distributed was nearly equal ($0.75 vs $0.76) due to differences in syringes per contact and reductions in ancillary kit components. The mean log odds of accessing a needle and syringe programme in the post-GF period was significantly lower than during the GF period (p=0.02). CONCLUSIONS: Withdrawal of GF support for needle and syringe programme provision in Mexico was associated with a substantial drop in provision of sterile syringes, geographical coverage and recent clean syringe utilisation among people who inject drugs. Better planning is required to ensure harm reduction programme sustainability is at scale after donor withdrawal.

Nonprescription naloxone and syringe sales in the midst of opioid overdose and hepatitis C virus epidemics: Massachusetts, 2015.

OBJECTIVES: To determine the prevalence of nonprescription naloxone and sterile syringe sales, factors associated with nonprescription sales, geospatial access to nonprescription naloxone and syringe-selling pharmacies, and targets for potential interventions. DESIGN: Cross-sectional study. SETTING AND PARTICIPANTS: Massachusetts has experienced steep increases in reported opioid overdoses and hepatitis C virus cases in the past decade. Pharmacists have the potential to play a substantial role in increasing access to nonprescription naloxone and sterile syringes, which can reverse opioid overdoses and decrease hepatitis C virus transmission, respectively. We completed brief telephone surveys with 809 of 1042 retail pharmacies across Massachusetts (response rate = 77.6%) during 2015 to assess experience with nonprescription sales of naloxone and sterile syringes. OUTCOME MEASURES: Our primary outcomes were the stocking and selling of naloxone in the pharmacy (yes or no) for nonprescription sales and nonprescription syringe sales (yes or no). We conducted multivariable regression analyses and created maps using a geographic information system to identify factors associated with nonprescription sales of naloxone and sterile syringes, and to improve our understanding of geospatial access to pharmacy-based naloxone and syringe sales. RESULTS: More than 97% of pharmacies reported selling sterile syringes without requiring a prescription, and 45% of pharmacies reported stocking and selling naloxone. Factors associated with nonprescription sales included hours of operation, experience with and interest in harm reduction activities, and presence in an opioid overdose hotspot. Geographic access to nonprescription sale of sterile syringes is widespread, whereas geospatial access to naloxone is limited. Training to understand the benefits, applications, and distribution needs of naloxone is of interest to surveyed pharmacists. CONCLUSION: Access to sterile syringes through nonprescription sales is strong across Massachusetts, and although more than 350 pharmacies (45%) reported stocking and selling naloxone to prevent opioid overdose deaths, there is much room for improvement in access and training among pharmacy staff members.

Impact Evaluation of a Policy Intervention for HIV Prevention in Washington, DC.

Syringe exchange programs (SEPs) lower HIV risk. From 1998 to 2007, Congress prohibited Washington, DC, from using municipal revenue for SEPs. We examined the impact of policy change on IDU-associated HIV cases. We used surveillance data for new IDU-associated HIV cases between September 1996 and December 2011 to build an ARIMA model and forecasted the expected number of IDU-associated cases in the 24 months following policy change. Interrupted time series analyses (ITSA) were used to assess epidemic impact of policy change. There were 176 IDU-associated HIV cases in the 2 years post-policy change; our model predicted 296 IDU-associated HIV cases had the policy remained in place, yielding a difference of 120 averted HIV cases. ITSA identified significant immediate (B = -6.0355, p = .0005) and slope changes (B = -.1241, p = .0427) attributed to policy change. Policy change is an effective structural intervention for HIV prevention when it facilitates the implementation of services needed by vulnerable populations.

Over-the-counter but out of reach: a pharmacy-based survey of OTC syringe sales in Tijuana, Mexico.

Sterile syringe access is critical to HIV prevention efforts targeting injection drug users (IDUs) but some pharmacies do not sell syringes over-the-counter (OTC) even where such sales are legal. We conducted a pharmacy survey in Tijuana, Mexico (where OTC sales are legal) to characterize attitudes toward syringe sales and to explore support for expanding pharmacy-based HIV prevention efforts. Of 203 respondents, 28% supported OTC syringe sales to IDUs and 74% said their pharmacy required a prescription for at least some syringe sales. Support for OTC syringe sales was independently associated with selling OTC syringes, understanding the role of sterile syringes in HIV prevention, and recognizing pharmacies as an important health resource for IDUs. Most respondents supported an expanded role for pharmacies in HIV prevention, exclusive of OTC syringe sales. Our study provides information for developing interventions to promote OTC syringe sales and expanding pharmacy-based distribution of HIV-related information and resources.

Factors associated with presence of pharmacies and pharmacies that sell syringes over-the-counter in Los Angeles County.

Community pharmacies serve as key locations for public health services including interventions to enhance the availability of syringes sold over-the-counter (OTC), an important strategy to prevent injection-mediated HIV transmission. Little is known about the community characteristics associated with the availability of pharmacies and pharmacies that sell syringes OTC. We conducted multivariable regression analyses to determine whether the sociodemographic characteristics of census tract residents were associated with pharmacy presence in Los Angeles (LA) County during 2008. Using a geographic information system, we conducted hot-spot analyses to identify clusters of pharmacies, OTC syringe-selling pharmacies, sociodemographic variables, and their relationships. For LA County census tracts (N = 2,054), population size (adjusted odds ratio [AOR], 1.22; 95 % confidence interval [CI], 1.16, 1.28), median age of residents (AOR, 1.03; 95 % CI, 1.01, 1.05), and the percent of households receiving public assistance (AOR, 0.97; 95 % CI, 0.94, 0.99) were independently associated with the presence of all pharmacies. Only 12 % of census tracts had at least one OTC syringe-selling pharmacy and sociodemographic variables were not independently associated with the presence of OTC syringe-selling pharmacies. Clusters of pharmacies (p < 0.01) were located proximally to clusters of older populations and were distant from clusters of poorer populations. Our combined statistical and spatial analyses provided an innovative approach to assess the sociodemographic and geographic factors associated with the presence of community pharmacies and pharmacies that participate in OTC syringe sales.

Access to syringes for HIV prevention for injection drug users in St. Petersburg, Russia: syringe purchase test study.

BACKGROUND: The HIV epidemic in Russia is concentrated among injection drug users (IDUs). This is especially true for St. Petersburg where high HIV incidence persists among the city's estimated 80,000 IDUs. Although sterile syringes are legally available, access for IDUs may be hampered. To explore the feasibility of using pharmacies to expand syringe access and provide other prevention services to IDUs, we investigated the current access to sterile syringes at the pharmacies and the correlation between pharmacy density and HIV prevalence in St. Petersburg. METHODS: 965 pharmacies citywide were mapped, classified by ownership type, and the association between pharmacy density and HIV prevalence at the district level was tested. We selected two districts among the 18 districts--one central and one peripheral--that represented two major types of city districts and contacted all operating pharmacies by phone to inquire if they stocked syringes and obtained details about their stock. Qualitative interviews with 26 IDUs provided data regarding syringe access in pharmacies and were used to formulate hypotheses for the pharmacy syringe purchase test wherein research staff attempted to purchase syringes in all pharmacies in the two districts. RESULTS: No correlation was found between the density of pharmacies and HIV prevalence at the district level. Of 108 operating pharmacies, 38 (35%) did not sell syringes of the types used by IDUs; of these, half stocked but refused to sell syringes to research staff, and the other half did not stock syringes at all. Overall 70 (65%) of the pharmacies did sell syringes; of these, 49 pharmacies sold single syringes without any restrictions and 21 offered packages of ten. CONCLUSIONS: Trainings for pharmacists need to be conducted to reduce negative attitudes towards IDUs and increase pharmacists' willingness to sell syringes. At a structural level, access to safe injection supplies for IDUs could be increased by including syringes in the federal list of mandatory medical products sold by pharmacies.

Pharmacy syringe purchase test of nonprescription syringe sales in San Francisco and Los Angeles in 2010.

The two main legal sources of clean needles for illicit injection drug users (IDUs) in California are syringe exchange programs (SEPs) and nonprescription syringe sales (NPSS) at pharmacies. In 2004, California became one of the last states to allow NPSS. To evaluate the implementation of NPSS and the California Disease Prevention Demonstration Project (DPDP), we conducted syringe purchase tests in San Francisco (SF) and Los Angeles (LA) between March and July of 2010. Large differences in implementation were observed in the two cities. In LA, less than one-quarter of the enrolled pharmacies sold syringes to our research assistant (RA), and none sold a single syringe. The rate of successful purchase in LA is the lowest reported in any syringe purchase test. In both sites, there was notable variation among the gauge size available, and price and quantity of syringes required for a purchase. None of the DPDP pharmacies in LA or SF provided the requisite health information. The findings suggest that more outreach needs to be conducted with pharmacists and pharmacy staff. The pharmacies' failure to disseminate the educational materials may result in missed opportunities to provide needed harm reduction information to IDUs. The varied prices and required quantities may serve as a barrier to syringe access among IDUs. Future research needs to examine reasons why pharmacies do not provide the mandated information, whether the omission of disposal options is indicative of pharmacies' reluctance to serve as disposal sites, and if the dual opt-in approach of NPSS/DPDP is a barrier to pharmacy enrollment.

Spatial access to sterile syringes and the odds of injecting with an unsterile syringe among injectors: a longitudinal multilevel study.

Despite the 2010 repeal of the ban on spending federal monies to fund syringe exchange programs (SEPs) in the U.S.A., these interventions--and specifically SEP site locations--remain controversial. To further inform discussions about the location of SEP sites, this longitudinal multilevel study investigates the relationship between spatial access to sterile syringes distributed by SEPs in New York City (NYC) United Hospital Fund (UHF) districts and injecting with an unsterile syringe among injectors over time (1995-2006). Annual measures of spatial access to syringes in each UHF district (N = 42) were created using data on SEP site locations and site-specific syringe distribution data. Individual-level data on unsterile injecting among injectors (N = 4,067) living in these districts, and on individual-level covariates, were drawn from the Risk Factors study, an ongoing cross-sectional study of NYC drug users. We used multilevel models to explore the relationship of district-level access to syringes to the odds of injecting with an unsterile syringe in >75% of injection events in the past 6 months, and to test whether this relationship varied by district-level arrest rates (per 1,000 residents) for drug and drug paraphernalia possession. The relationship between district-level access to syringes and the odds of injecting with an unsterile syringe depended on district-level arrest rates. In districts with low baseline arrest rates, better syringe access was associated with a decline in the odds of frequently injecting with an unsterile syringe (AOR, 0.95). In districts with no baseline syringe access, higher arrest rates were associated with increased odds of frequently injecting with an unsterile syringe (AOR, 1.02) When both interventions were present, arrest rates eroded the protective effects of spatial access to syringes. Spatial access to syringes in small geographic areas appears to reduce the odds of injecting with an unsterile syringe among local injectors, and arrest rates elevate these odds. Policies and practices that curtail syringe flow in geographic areas (e.g., restrictions on SEP locations or syringe distribution) or that make it difficult for injectors to use the sterile syringes they have acquired may damage local injectors' efforts to reduce HIV transmission and other injection-related harms.

Healthcare professional and patient assessment of a new prefilled insulin pen versus two widely available prefilled insulin pens for ease of use, teaching and learning.

OBJECTIVE: FlexTouch * (FT) is a new prefilled insulin pen with no push-button extension at any set dose and a low activation force that is designed to improve ease of use and insulin administration. This paper reports the results of two usability studies assessing perceptions of FT compared with KwikPen † (KP)and SoloStar ‡ (SS) among healthcare professionals (HCPs; both physicians and nurses) and people with diabetes (both insulin pen-experienced and insulin pen-naïve). RESEARCH DESIGN AND METHODS: Participants were randomly assigned to start with FT or KP in one study and FT or SS in the other. Participants performed injections at different doses (20, 40 and 60 International Units [IU] in the FT vs. KP study or 20, 40 and 80 IU in the FT vs. SS study) into a foam cushion before answering questions on ease of use, teaching and learning, confidence and preference. RESULTS: A total of 59 people with diabetes and 61 HCPs took part in the FT vs. SS study, and 79 people with diabetes and 81 HCPs took part in the FT vs. KP study. Considerably more patients and HCPs rated FT as very/fairly easy to inject with than KP or SS, particularly at the maximum dose (≥80% vs. ≤38% and ≤23%, respectively), and more were very/rather confident in the ability to manage daily insulin injections with FT than KP or SS. Overall, FT was rated significantly higher for ease of teaching and learning to use than KP or SS (all p < 0.001 vs. FT), and was preferred for teaching and learning compared with KP or SS (≥39% vs. ≤4% and ≤6%, respectively). More patients and HCPs would recommend FT (≥95%) than KP (≤72%) or SS (≤71%). The same pattern was generally seen across physicians, nurses, insulin pen-experienced and pen-naïve participants. CONCLUSIONS: The findings suggest that devices such as FT are easy to use and can be prescribed with relatively few training needs, which may improve ease of insulin initiation, increase pen use, and ultimately improve treatment adherence. A limitation of the usability questionnaire used in this study is that it did not assess the factors that influence preference. Further analyses could be conducted to determine the factors that appeal to different users.

Measles supplementary immunization activities and GAVI funds as catalysts for improving injection safety in Africa.

BACKGROUND: In 2000, reuse of disposable syringes and inadequately sterilized syringes resulted in 39% of all injections being unsafe, causing 22 million infections. We describe the contribution of measles supplemental immunization activities (SIAs) and Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) funding in replacing disposable and sterilizable syringes with auto-disable (AD) syringes to improve injection safety in 39 African countries. METHODS: We assessed trends in nationwide introduction of AD syringes against measles catch-up SIAs and GAVI funding using World Health Organization/United Nations Children's Fund (UNICEF) Joint Reporting Form for Immunization and UNICEF supply data. RESULTS: In 19 (49%) of 39 countries, the measles program catalyzed the introduction of injection safety equipment, including AD syringes and safety boxes, training, and procurement of safety equipment during SIAs. GAVI was catalytic through financial support in 14 countries (36%) for including safe injection equipment in routine immunization. Additionally, GAVI funded 21 countries that had already introduced AD syringes in their national program. UNICEF AD syringe shipments to sub-Saharan Africa increased from 11 million to 461 million from 1997 to 2008. All 39 countries stopped using sterilizable syringes by 2004. CONCLUSIONS: The measles mortality reduction program and GAVI complemented each other in improving injection safety. All countries continued with AD syringes for immunization after measles catch-up SIAs and GAVI funding ended.

Spatial access to syringe exchange programs and pharmacies selling over-the-counter syringes as predictors of drug injectors' use of sterile syringes.

OBJECTIVES: We examined relationships of spatial access to syringe exchange programs (SEPs) and pharmacies selling over-the-counter (OTC) syringes with New York City drug injectors' harm reduction practices. METHODS: Each year from 1995 to 2006, we measured the percentage of 42 city health districts' surface area that was within 1 mile of an SEP or OTC pharmacy. We applied hierarchical generalized linear models to investigate relationships between these exposures and the odds that injectors (n = 4003) used a sterile syringe for at least 75% of injections in the past 6 months. RESULTS: A 1-unit increase in the natural log of the percentage of a district's surface area within a mile of an SEP in 1995 was associated with a 26% increase in the odds of injecting with a sterile syringe; a 1-unit increase in this exposure over time increased these odds 23%. A 1-unit increase in the natural log of OTC pharmacy access improved these odds 15%. CONCLUSIONS: Greater spatial access to SEPs and OTC pharmacies improved injectors' capacity to engage in harm reduction practices that reduce HIV and HCV transmission.

Difficulty accessing syringes and syringe borrowing among injection drug users in Bangkok, Thailand.

INTRODUCTION AND AIMS: Thailand's longstanding HIV epidemic among injection drug users (IDU) has been attributed, in part, to the Thai government's unwillingness to implement evidence-based HIV prevention interventions. This study was undertaken to examine risk factors for syringe borrowing among a community-recruited sample of Thai IDU. DESIGN AND METHODS: We examined the prevalence of syringe borrowing among 238 IDU participating in the Mit Sampan Community Research Project, Bangkok. Multivariate logistic regression was used to identify independent predictors of syringe borrowing in the past 6 months. RESULTS: A total of 238 IDU participated in this study; 66 (26.2%) were female, and the median age was 36.5 years. In total, 72 (30.3%) participants reported borrowing a used syringe in the past 6 months, with 47 (65.3%) of these individuals reporting multiple borrowing events. In multivariate analyses, syringe borrowing was positively associated with difficulty accessing syringes [adjusted odds ratio (AOR) = 2.46; 95% confidence interval (CI): 1.08-5.60] and injecting with other people on a frequent basis (AOR = 3.17; 95% CI: 1.73-5.83). Primary reasons offered for experiencing difficulty accessing syringes included being too far from syringe outlets (34.1%), pharmacies being closed (13.6%) and being refused syringes at pharmacies (9.1%). DISCUSSION AND CONCLUSIONS: We observed an alarmingly high rate of syringe borrowing among a community-recruited sample of Thai IDU. Various lines of evidence indicate that poor access to sterile syringes is driving the high rate of syringe borrowing observed in this study. Immediate action should be taken to increase access to sterile syringes among Thai IDU.