RESUMO
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), declara la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad de salud pública. Esta violencia causa serias secuelas físicas, psicológicas y sociales a estas mujeres y a sus familias. El objetivo de este artículo es destacar la importancia que tiene la evaluación médico-legal del maltrato y abuso psicológico en las víctimas por violencia de género, así como el cambio que acontece en la metodología del diagnóstico y del reconocimiento de la víctima dependiendo del ámbito donde se realice. La huella psíquica no sólo es clave para los casos de violencia psicológica a los que se refiere la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también puede ser una secuela en los actos de violencia física, amenazas, coacciones o privación de la libertad (Mestre y Samper, 2008). En consecuencia, se considera que la huella psíquica no se ha tomado en su justa medida como prueba de cargo. Es preciso llevar a cabo una respuesta integral desde la medicina forense, a través del equipo de valoración forense en el que participan diferentes profesionales. Por lo que, los psicólogos forenses pueden desempeñar un rol fundamental en la valoración de la lesión mental o el sufrimiento emocional asociados al maltrato (AU)
In 1996 the World Health Organization (WHO) declared the eradication of the violence against women a priority for public health. This violence causes serious consequences, not only physical but also psychological and social, to women and their families. The purpose of this paper is to highlight the importance of a medico-legal assessment of the psychological ill-treatment and abuse in the victims of gender violence, together with the changes in diagnostic method and victim identification depending on the environment. The mental imprint is both the key to cases of psychological violence referred to in the Organic Act 1/2004 on integrated protective measures against gender violence, and also a consequence in the acts of physical violence, threats, coercion or freedom deprivation. In view of this, the mental imprint seems to have been insufficiently considered as proof of charge. It is necessary to develop a comprehensive forensic assessment including forensic psychologists to assess the mental injury and the emotional suffering associated with ill-treatment and abuse
